La empresa extractiva Matrimar acusó al gobierno de Nuevo León de ejercer presión indebida en su contra, al señalar que enfrenta actos de “extorsión disfrazada de acoso institucional”, según dos comunicados difundidos recientemente por la compañía.
La pedrera, propiedad de los hermanos Martínez Gutiérrez, aseguró que tras obtener la reapertura legal de sus instalaciones —lo que, afirma, permitió recuperar operaciones y sostener el empleo de 500 familias— autoridades estatales intentaron clausurar el sitio durante la madrugada, luego de que la empresa se negara a realizar un pago que consideró irregular.
En su posicionamiento público, Matrimar negó operar pozos clandestinos o realizar tomas ilegales de agua y sostuvo que ha sido objeto de auditorías ambientales tanto federales como estatales sin que se le hayan fincado responsabilidades. “Matrimar no cederá ante intentos institucionales de exigir pagos millonarios en efectivo al margen de la ley, conductas que están siendo perseguidas penalmente en el país”, indicó la compañía.
El diferendo ocurre en el contexto de la aplicación del llamado “impuesto verde”, aprobado en la Ley de Ingresos 2022, que grava emisiones contaminantes, descargas de agua y la extracción de materiales pétreos, como la piedra caliza, actividad central para este tipo de empresas.
En 2024, la recaudación por extracción de materiales pétreos alcanzó 1,162 millones de pesos en Nuevo León. No obstante, el destino puntual de esos recursos no aparece detallado en reportes públicos. La Secretaría de Finanzas administra los fondos sin un desglose específico sobre cuánto se canaliza a proyectos ambientales concretos.
Ese mismo año, el entonces secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, mencionó en entrevistas acciones como la plantación de árboles, labores de limpieza en el río Pesquería y una inversión de 23 millones de pesos en plazas y camellones, aunque reconoció no contar con cifras precisas ni con una vinculación directa entre la recaudación y proyectos determinados. Desde entonces, legisladores del PAN y del PRI han solicitado mayor transparencia sobre el uso de los recursos.
En el sector industrial, algunas voces han cuestionado la forma en que se aplican inspecciones y sanciones vinculadas al gravamen, al considerar que responden a criterios recaudatorios más que ambientales. Fuentes empresariales han descrito el ambiente como de “asedio institucional” y han relacionado el endurecimiento fiscal con la necesidad de obtener recursos para obras de infraestructura asociadas al Mundial de Fútbol 2026, evento del que Nuevo León será sede.
Las críticas se producen en un escenario de tensión fiscal en la entidad. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras empresariales, entre ellas COPARMEX Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio, manifestaron su rechazo al incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) aprobado en el Paquete Fiscal 2026, que elevó la tasa del 3% al 4%.
Jorge Santos Reyes, presidente de Caintra Nuevo León, advirtió que el aumento podría impactar a pequeñas y medianas empresas al elevar los costos laborales. “En este contexto adverso, los incrementos impositivos significan menos empleos, más informalidad y menor capacidad de crecimiento. El empleo formal es la principal fuente de movilidad social y bienestar para las familias nuevoleonesas”, expresó en un posicionamiento conjunto.
A este panorama se suman denuncias del sector transporte. A principios de enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) señaló presuntos abusos por parte de elementos de tránsito municipal en distintos puntos del estado, los cuales, según la organización, habrían generado afectaciones económicas para los operadores.
