El diputado Francisco Javier Farías Bailón (MC) impulsa una iniciativa para que las empresas aseguradoras estén obligadas a cubrir los gastos de transporte al asegurado, en casos de siniestro de un vehículo, hasta el momento en que le sea entregado o sustituido, si el plazo para repararlo excede los 120 días naturales.
La propuesta que adiciona un artículo 144 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, tiene el fin de fortalecer la protección de los usuarios de seguros automotrices y garantizar su derecho a la movilidad.
En su exposición de motivos, indica que en la actualidad la ley no contempla plazos específicos ni mecanismos de compensación frente a retrasos prolongados en la reparación de vehículos, lo que genera afectaciones directas a la vida cotidiana, laboral y económica de miles de personas.
Estima que la falta de un marco normativo específico también limita la responsabilidad de las aseguradoras frente a retrasos injustificados, y reduce las herramientas disponibles para que los asegurados exijan un cumplimiento eficiente del contrato, lo cual evidencia la necesidad de incorporar disposiciones claras que establezcan plazos máximos y mecanismos de compensación, garantizando protección integral al usuario y fortaleciendo la función reparadora del seguro.
“Para muchas familias y trabajadores, el automóvil no es un lujo sino una herramienta indispensable de movilidad y trabajo. No es justo que, además de sufrir un accidente, los asegurados enfrenten meses sin su vehículo y sin apoyo para trasladarse”, subraya.
Refiere que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en 2022 cerca del 50 por ciento de las quejas contra aseguradoras fueron por daños en automóviles y hubo tres mil 972 reportes por retrasos en la reparación de vehículos.
En tanto, añade, en el primer mes de 2023 se registraron 753 quejas bajo la misma categoría y miles corresponden a retrasos en reparaciones, además de la escasez de autopartes, que ha extendido los tiempos de entrega de días a varios meses, lo cual refleja la magnitud del problema.
El legislador señala que su propuesta no solo protege el patrimonio de los asegurados, sino que también fortalece la función social del seguro, al ampliar su alcance más allá de la reparación del daño material y atender los efectos indirectos de la falta de movilidad.
“La obligación de cubrir gastos de transporte alternativo incentiva a las aseguradoras a ser más eficientes, transparentes y responsables, y contribuye a restablecer el equilibrio entre empresas y consumidores”, afirma.
Destaca que la reforma es congruente con principios constitucionales como el derecho a la movilidad, protección al consumidor, buena fe contractual y el principio pro persona, además de fomentar prácticas de responsabilidad social empresarial en el sector asegurador.
También ofrece al usuario una garantía adicional de seguridad y tranquilidad, reduciendo el impacto económico y social de las demoras en la reparación o sustitución del vehículo, al tiempo que fomenta una mayor eficiencia de las aseguradoras en los procesos de reparación, así como la entrega de vehículos y optimiza sus tiempos de atención, lo que fortalece la competitividad del sector y mejora la percepción de los usuarios sobre la calidad y confiabilidad del servicio.
