La diputada Ana Isabel González González, del PRI, impulsa reforma para establecer que se entenderá por explotación de una persona a la acción de reclutar, coaccionar, obligar, trasladar o retener a una persona para involucrarla en la comisión de actividades ilegales de grupos delictivos u organizaciones criminales a través de cualquier tipo de violencia, amenazas, fraude, engaños o circunstancia que lo coloque en vulnerabilidad.
Añade que la situación se agrava si la víctima es un menor de edad, una persona indígena, con discapacidad, migrante o en situación de calle, lo que conlleva un aumento de la pena de hasta un 50 por ciento.
La propuesta de la legisladora, que adiciona una fracción XII al artículo 10 de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos.
Al exponer los motivos de la iniciativa, subraya que en México, en la actualidad, no hay una tipificación concreta para el delito de reclutamiento y explotación de niños, niñas y adolescentes, lo cual supone un peligro significativo para la población de este grupo.
Estima que es fundamental presentar un cambio al Código Penal Federal con el fin de que este ajuste funcione como una herramienta preventiva contra el reclutamiento de vida infantil y adolescente.
Considera indispensable establecer una tipificación específica para este ilícito en la normativa nacional, y necesaria la reforma a la Ley General, a fin de subsanar dicha omisión.
Menciona que según organizaciones de la sociedad civil en México estima que al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado, mientras que hasta 250 mil se encuentran en riesgo de serlo.
“La promesa de dinero es uno de los principales ganchos utilizados para atraerlos. Además de estos problemas, debemos sumar la pobreza y marginalidad de muchas familias que viven en zonas violentas, así como la deserción escolar y la baja provisión de servicios por parte del Estado”, puntualiza.
Enfatiza que la violencia que actualmente se vive en el país ha alcanzado todos los niveles sociales, y lacerado de manera importante a las personas menores de edad, lo que se demuestra en casos como el reportado a inicios de noviembre en la Ciudad de México, cuando el pasado 3 de noviembre, un adolescente disparó en la nuca al vigilante, para luego escapar a pie.
Otro ejemplo, destaca, es el lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien recibió siete impactos de bala cuando participaba en un evento público con motivo del Día de Muertos, pues según las investigaciones el actor material de este homicidio fue Víctor, un joven de 17 años de edad quien según sus familiares era adicto a la metanfetamina.
